El TSJ desbloquea el Proyecto Ikea Valladolid
Escrito por Patricia, 29 de abril del 2010
Categoría: Especial IKEA Valladolid
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha rechazado la suspensión cautelar del proyecto para construir un parque comercial en Arroyo de la Encomienda, en el que se levantaría el centro de la multinacional sueca del mueble Ikea.
La petición de suspensión provisional del acuerdo que adoptó la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), órgano dependiente de la Junta de Castilla y León, fue promovida a finales del pasado año por la asociación de comerciantes Avadeco, que ve así frustrado, temporalmente, su intento de frenar este proyecto comercial amparándose en el perjuicio que causaría a los intereses del pequeño comercio de la capital y provincia, y al daño al Consistorio de Arroyo por las valoraciones de la operación urbanística que llevó a cabo el Ayuntamiento.
En el auto de fecha 27 de abril se recoge el voto particular de uno de los tres magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ en Valladolid. En concreto de la que había sido designada como ponente inicial para la resolución de este pleito.
La magistrada Ana Martínez Olalla ha expresado su desacuerdo con la resolución de los otros dos magistrados, que han considerado que hasta que no se dicte una sentencia definitiva no procede ordenar la paralización de este proyecto comercial, tal y como pedía la Agrupación Vallisoletana de Comercio.
En este sentido, los dos magistrados sostienen «que no se estiman suficientes las alegaciones genéricas que Avadeco hace sobre la modificación del entorno físico (Sector SAU 6) donde se desarrollaría el Gran Parque Comercial y de Ocio».
La asociación de comerciantes vallisoletanos sostuvo cuando presentó la demanda en contra de este centro que de seguir adelante la construcción e inicio de las obras del mismo, y luego el tribunal dictase una sentencia (que previsiblemente sería este mismo año 2010) que declarase ilegal el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento de Arroyo, «las alteraciones físicas del terreno difícilmente serían reversibles».
Los dos jueces sostienen que la modificación puntual que acordó el Ayuntamiento que preside el independiente José Manuel Méndez es un cambio de calificación de los terrenos y no de clasificación, y por tanto no cabe hablar de «daños irreversibles al entorno físico».
Pese a ello, recuerdan que aunque no se acepte por el momento esta petición de Avadeco, ello no es obstáculo para que, como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una sentencia posterior pueda «acordar en su caso la demolición de lo construido si fuera necesario».
Convenio del 2006
El auto del TSJ tiene su origen en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arroyo de la Encomienda como consecuencia del convenio urbanístico que suscribió en noviembre del 2006 el alcalde, José Manuel Méndez Freijo, y los representantes de Inter Ikea Centre España y Riveras del Pisuerga S. L.
En este acuerdo, que fue sometido meses después a votación del pleno, se estableció que el Ayuntamiento haría las gestiones necesarias para que se pudiera implantarse «un gran equipamiento comercial de carácter regional» que incluiría un centro de venta de muebles y de equipamiento para el hogar.
Avadeco se opuso desde el primer momento a esta operación comercial y ha sostenido en este pleito que la misma causaría daños a terceros, en este caso a los pequeños comerciantes.
Pero además alegó el perjuicio al Consistorio de Arroyo en una operación urbanística de permuta de una parcela municipal que supone el incremento de la edificabilidad de 117.827 metros cuadrados con un uso terciario.
En su voto particular a favor de la paralización provisional de este acuerdo, la magistrada del TSJ reconoce que «se incrementa esta edificabilidad con destino privado superior al 30%», lo que supondría que la parcela del SAU 6 pasaría a tener otra categoría de suelo urbano no consolidado, y por tanto deberían de establecerse las reservas legales para aparcamientos y espacios libres públicos.
Estas reservas las fija el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y, a juicio, de la jueza «no se contemplan en la modificación» aprobada en el convenio de Arroyo.
La Sala del TSJ reconoce que a veces en este tipo de operaciones municipales los intereses generales no coinciden con los públicos.
Valoración de Avadeco
La resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia que rechaza la paralización del proyecto del parque comercial de Ikea fue recibida ayer por Avadeco como un jarro de agua fría. Sin quitar importancia al auto, el portavoz de esta agrupación, Luis del Hoyo, indicó que «este pleito todavía no está cerrado y es una fase más a la espera de la sentencia definitiva». Avadeco y sus 660 establecimientos insiste en que la modificación del PGOU es nula. Del Hoyo recordó además del perjuicio que causará a la economía local la instalación de Ikea, que en esta operación de permutada suscrita en 2006 por el alcalde «han existido intereses de sociedades con personas muy vinculadas».
Via: El Norte de Castilla
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